Durante los últimos 25 años, la faz de la sociedad norteamericana ha cambiado, al empezar a surgir de detrás de las puertas cerradas de instituciones, hospitales y hogares, miembros anteriormente invisibles -personas con discapacidades- en búsqueda de acceso a los derechos y privilegios que disfrutan otros miembros de la sociedad, como asistir a la escuela, obtener empleo, disfrutar de amistades y vivir en la comunidad.

Una gran parte de este cambio se debe a leyes federales estadounidenses, como la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA), y la Ley de los Norteamericanos Minusválidos (ADA) de 1990. Cada una de estas leyes ha ayudado a que empezara la eliminación de las barreras físicas y psicológicas que han aislado y segregado a niños y adultos minusválidos. Este artículo examina los cambios que la aprobación inicial y la reautorización subsiguiente de la IDEA produjeron en la educación.

A principios de los años setenta, en algunos estados los padres de niños minusválidos empezaron a entablar juicios con el fin de obligar a los sistemas escolares a educar a sus hijos. Dos de los casos más influyentes, PARC vs Pennsylvania (1971) y Mills versus el Consejo de Educación del Distrito de Columbia (1972), condujeron a la aprobación de la Ley sobre Educación de Todo Niño Minusválido (EAHCA), predecesora de la IDEA. Al aprobarse la EAHCA, en 1976, el Congreso de Estados Unidos descubrió que había en los Estados Unidos más de ocho millones de niños minusválidos. Más de la mitad de estos niños no recibía servicios educativos apropiados. De los ocho millones, un millón había quedado totalmente excluido de la escuela. Es más, muchos niños que recibían educación regular no progresaban en sus estudios porque sufrían de discapacidades no descubiertas.

La ley de educación de niños minusválidos ordenó que los estados que optaran por participar en este programa de ayuda federal proveyeran "educación pública apropiada gratuita" en un "entorno de restricciones mínimas" a todo niño hasta la edad de 21 años, cuya discapacidad afectara adversamente su capacidad de beneficiarse de la educación, y que necesitara educación especial y servicios relacionados para su progreso educativo. La ley estableció un número de requisitos de procedimiento que los estados y los sistemas escolares locales debían poner en práctica, así como salvaguardias para proteger los derechos de estudiantes y padres.
Al promulgar la ley, el Congreso hizo que la individualización de los servicios fuera el cimiento de una educación apropiada, al exigir el desarrollo de un plan de educación individualizada (PEI) para cada niño que recibe educación especial. El plan debía contener metas anuales y objetivos a corto plazo que servirían de programa detallado para la educación del niño, basado en sus necesidades individuales. Además, si bien los estados debían asegurar la existencia continua de programas opcionales para que todos los niños minusválidos pudieran ser atendidos en forma apropiada, la ley expresó preferencia por su situación en un entorno de restricciones mínimas en el que pudiera ponerse en práctica el Plan de Educación Individualizada, y exigió que no se podría sacar a un niño del aula regular excepto cuando no se lo pudiera educar satisfactoriamente, aún con ayuda y servicios complementarios.

La ley no proveyó una definición de lo que era ayuda y servicios complementarios; sin embargo, los ejemplos incluyen ayudantes de clase o a nivel individual, modificaciones físicas del salón de clase, aparatos o equipo tecnológicos y modificación del programa de estudios.
La ley fue extremadamente importante en abrir las puertas de la escuela a niños discapacitados y al establecer una variedad de protecciones en los procedimientos que gobiernan la educación especial que se les provee. Sin embargo, según indicó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su primer examen de EAHCA, la ley no tuvo la intención de garantizar ningún resultado en particular una vez que los niños entraran a la escuela. Si bien niños con discapacidades que anteriormente eran desatendidos o mal atendidos empezaron a recibir educación especial y servicios relacionados, como terapia ocupacional y física, servicios de salud, logoterapia y asesoramiento psicológico, entre otros, éstos no egresaban necesariamente de la escuela a los 18 o 21 años, lo que les impedía proseguir sus vidas en forma independiente o productiva. De hecho, muchos niños con discapacidades, particularmente aquellos con graves desórdenes emocionales o incapaces de aprender, no terminaban la escuela con éxito.

La Ley de Educación de Niños Minusválidos ha sido reautorizada varias veces, con una variedad de enmiendas que regulan cuestiones como los servicios de intervención temprana para niños en su primera infancia, honorarios de abogados para las familias que impugnan con éxito los programas de educación especial para sus hijos, la adición de ciertos servicios (como planes de transición para estudiantes de más edad y tecnología de ayuda), adición de ciertas incapacidades que podrían calificar a los niños para la educación especial (como lesiones cerebrales traumáticas y autismo) y cambios de nomenclatura que reconocen el uso nuevo que la sociedad hace de la palabra "discapacidad" en lugar de "minusválido". En la reautorización de 1990, se cambió el nombre de la EAHCA al de IDEA.

Las enmiendas más importantes y de mayor alcance vinieron en 1997, luego de dos años de debate intenso y ocasionalmente amargo. Si bien las enmiendas de 1997 sin duda constituyen una legislación de avenencia, los hallazgos del Congreso, al volver a promulgar la IDEA, ofrecen una percepción de cuán lejos ha ido la sociedad norteamericana en cuanto a lo que se espera para las personas con discapacidades, y su reconocimiento de que la educación especial no es más que una parte del sistema educativo del país, no un sistema separado por sí solo.

El Congreso halló, en parte, que la educación de los niños con discapacidades puede ser más efectiva si se:

• Tiene grandes expectativas y se asegura su acceso al programa general de estudios hasta el punto máximo apropiado.
• Fortalece el papel de los padres y se asegura que las familias tengan oportunidades válidas para participar en la educación de sus hijos en la escuela y en el hogar.
• Coordina la IDEA con otras medidas de mejoramiento escolar locales, estatales y federales para asegurar que los estudiantes minusválidos se beneficien de esas medidas, y que esa educación especial pueda convertirse en "un servicio para los niños en lugar de un sitio donde se los envía".
• Provee la educación especial apropiada y los servicios, la ayuda y los apoyos relacionados en el aula regular, cuando fuere apropiado.
• Respalda un desarrollo profesional de alta calidad.
• Mejora las gestiones de contratación con el fin de atraer a la educación especial más maestros provenientes de grupos minoritarios.

Estas conclusiones del Congreso son particularmente significativas porque reconocen que la falta de expectativas para los estudiantes con discapacidades y la capacitación profesional inadecuada pueden obstaculizar o impedir el progreso educativo, y porque reconocen que el contexto en que los niños reciben educación especial constituye el sistema de educación más amplio en general. Por lo tanto, es decisivamente importante que se considere e incluya la educación especial en cualesquiera gestiones de reforma educativa. Además, las conclusiones del Congreso son importantes porque reflejan lo que las familias, los profesionales y la sociedad en general han aprendido a lo largo de los últimos años acerca de lo beneficioso que es para todos cuando los estudiantes con discapacidades reciben los servicios de educación especial en los salones de clases generales junto a sus compañeros no discapacitados.

Por Leslie Seid Margolis